Durante un acto en el CELS, en homenaje al periodista Eduardo Kimel, Cristina Fernández afirmó que "jamás hubo en toda la historia de la República Argentina una libertad de prensa similar a la que hoy goza cualquier persona, a decir o escribir lo que se le de la gana".
La presidenta Cristina Fernández afirmó que la Argentina tiene una libertad de prensa “inédita en nuestra historia” y subrayó que “jamás hubo en toda la historia de la República Argentina una libertad de prensa similar a la que hoy goza cualquier persona, a decir o escribir lo que se le da la gana”.
Lo afirmó durante el acto en homenaje al fallecido periodista Eduardo Kimel, en la sede del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuya causa posibilitó la reforma del Código Penal, a través de la ley 26.551, que despenalizó la sanción de las calumnias con prisión, en caso de que se aborden temas de interés público.
La jefa de estado expresó que en este tema se puso “blanco sobre negro”, recordando que Kimel desnudó en la masacre a los padres Palotinos “la complicidad de un sector de la Justicia”, comparando ese caso con el juicio iniciado el viernes, por los crímenes cometidos en la Unidad Penal 1 de Córdoba, por “30 detenidos legales, con jueces a cargo de ellos, pero fueron sacados y fusilados”.
Aclaró que no hay que involucrar a toda la Justicia en estos hechos y reveló que por ello, cuando se organizó el desfile por el Bicentenario, el 25 de mayo último, una de las figuras alegóricas, para simbolizar el atropello al orden constitucional, fue la quema de una Constitución y de urnas, pero ella pidió que no se hiciera con la balanza de la Justicia, “que solo fue ensombrecida.
Sobre el caso Kimel recordó que se envió el proyecto de ley al Parlamento para despenalizar el delito de calumnias e injurias en caso de que se hable de temas de interés público, señalando que los funcionarios no son una categoría superior de ciudadanos y en tal sentido destacó que el artículo 16 de la Constitución Nacional es “uno de los puntos nodales “ al establecer “la igualdad de todos ante la ley”.
Puso de relieve que no se puede sufrir cárcel “por hablar u opinar, cualquiera sea la opinión , aunque no sea cierto como muchas veces sucede”, pero advirtió que si puede ser querellado por un resarcimiento económico, ya que cada uno debe “hacerse cargo de lo que hace y dice. Quien provoque u daño debe reparar ese daño”.
Sostuvo que esta ley se dictó en función de la libertad de prensa, recordando que en la Argentina hay cien periodistas detenidos-desaparecidos y se están llevando a cabo los juicios después de “tantos años que con paciencia” por parte de los organismos de derechos humanos.
Luego se refirió a la libertad de expresión, señalando el paso importante que se ha dado con la sanción de la Ley de Servicios Audiovisuales, que “no es la ley de este gobierno. Recibí en mayo de 2008 a la Coalición Democrática, integrada por asociaciones civiles, de derechos humanos, de gran pluralidad y diversidad, que me entregaron los 21 puntos de lo que pensaban debía contener la ley que sustituiría una vieja ley de la dictadura. No creyeron que iba a seguir adelante. Fue el proyecto más inédito en materia legislativa en la Argentina. No hay una sola ley que haya tenido la modalidad de esta ley, un anteproyecto del Ejecutivo y la multiplicidad de organizaciones”, destacó.
Posteriormente el proyecto fue consultado en 25 foros regionales, que posibilitaron modificaciones que fueron consensuadas y luego fue aprobado por el Parlamento “por abrumadora mayoría en ambas cámaras, en un corte transversal”, aunque luego, agregó la Presidenta “un sector de la justicia dictó medidas cautelares también inéditas, inexplicables que la Corte resolvió”.
Finalmente la Presidenta rindió homenaje a Kimel quien “denunció lo que muchos sabían y todos en el fondo sospechaban”, señalando que la modificación del Código Penal respecto de las calumnias e injurias ha sido un “muy buen paso para la democracia, para la defensa de las ideas”.
Al acto, en la sede de la CELS, asistió el canciller, Héctor Timerman, el ministro de Justicia, Julio Alak, y el secretario de Derechos Humanos, Luis Duhalde. También estuvo presente el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, y familiares del periodista que falleció en febrero pasado.
Ayer domingo se cumplió un nuevo aniversario de la Masacre de San Patricio. Kimel había sido condenado en la Argentina por investigar de manera rigurosa y profesional ese crimen de cinco religiosos católicos cometido por un grupo de tareas durante la última dictadura militar en la iglesia de San Patricio, en el barrio de Belgrano. A raíz de la presentación del caso ante el Sistema Interamericano, en mayo de 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por las violaciones a los derechos humanos del periodista.
Entre las medidas de reparación ordenó modificar el Código Penal por la incompatibilidad de los delitos de calumnias e injurias con la Convención Americana. Ese objetivo se logró con la ley 26.551, votada por el Congreso de la Nación en septiembre pasado, que despenalizó esos delitos para casos de interés público. El fallo del máximo tribunal regional también establecía que el Estado debía hacer un reconocimiento público de responsabilidad como desagravio a Kimel.
Fuente: Télam
